ComexPerú: proyecto de ley de regulación de alquiler turístico generaría incertidumbre en el sector

El documento plantea establecer parámetros obligatorios para el "alquiler turístico temporario", definido como el ofrecimiento de alojamiento transitorio de habitaciones, departamentos o viviendas por un período máximo de 30 días, con opción de renovación por otro mes, diferenciándose del contrato de arrendamiento tradicional, que exige plazos superiores a 60 días.

Entre las obligaciones establecidas en el Proyecto, una de las más importantes es la referida a la exigencia de registro para prestar el servicio de alquiler temporario.

Este registro es solicitado al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la autoridad competente, y para obtenerlo, como persona natural, se necesitaría lo siguiente:

• Identificación del solicitante.
• Asegurar la propiedad o ser tercero legitimado.
• Datos del inmueble.
• Declaración jurada que confirme el buen estado de las instalaciones y artefactos de gas y electricidad.
• Declaración jurada que confirme que el inmueble cuente con extintores en buen estado.
• Declaración jurada que confirme la existencia de un plano de evacuación y teléfonos de emergencia.

En caso de ser una persona jurídica, se necesitaría, además de la razón social, el número de partida registral inscrita ante la Sunarp. Como autoridad competente, el Mincetur contaría con facultades para fiscalizar, sancionar e incentivar la actividad económica.

Otra particularidad del proyecto es que propone impedir que se exijan licencias de funcionamiento, autorizaciones u otro título habilitante para realizar este tipo de alquileres temporarios.

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Documentos recurrentes se presentaron en el Congreso de la República

Este no es el primer intento legislativo en esta área. Anteriormente, se presentó el Proyecto de Ley N.° 5467/2022-CR, que proponía regular a las plataformas tecnológicas de intermediación en hospedaje, asimilando el alquiler temporal a los servicios de hospedaje. Esta comparación ha generado preocupaciones sobre la carga regulatoria que podría imponerse en el sector.

La nueva regulación podría resultar en costos adicionales y barreras de acceso para los operadores de alquileres temporales y plataformas digitales, lo que podría desincentivar su desarrollo y afectar el crecimiento del turismo. Por lo tanto, aunque el objetivo es fortalecer el sector, la incertidumbre sobre la implementación y las repercusiones puede generar desafíos significativos.

El Congreso tiene la responsabilidad de adoptar las mejores prácticas regulatorias, promover mesas de trabajo y escuchar a todos los actores involucrados, con el fin de impulsar el crecimiento del sector turístico nacional.

Es fundamental que el legislador realice una evaluación comparativa del desempeño económico del sector en su estado actual, sin una regulación específica, y contraste esto con los beneficios potenciales que una regulación podría aportar.

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